DR. ESTEBAN EMILIO MOSONYI. 2007
En una primera aproximación, la situación actual de los pueblos y comunidades indígenas presenta mejoras cualitativas muy importantes, las cuales deberían inducirnos, a su vez, expectativas aun más ambiciosas. Creo que es necesario moderar un tanto ese optimismo parcialmente justificado, tanto por la vigencia de las disposiciones de la Constitución Bolivariana (1999) como por algunas políticas hasta cierto punto exitosas o la vocación política de llevarlas a cabo. En estas se incluye, sin duda, la salida de las Misiones Nuevas Tribus, junto con los notables esfuerzos que lleva adelante el Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur (PENDDCS) (Minpp. Salud, Minpp. Defensa, 2007). También cuentan las iniciativas en materia de salud y educación, derechos humanos colectivos e individuales, desarrollo ambientalmente sustentable, que vienen imbricados con la participación protagónica de muchas comunidades y la presencia de un valioso liderazgo indígena con cargos institucionales y sin ellos, lo cual no es óbice para desenvolver una labor significativa.
Este panorama altamente positivo es el que nos llama la atención en el proscenio, pero no puede ni debe ser analizado sin considerar una coyuntura difícil y hasta crítica, que a mediano plazo podría transformarse en cierta regresión institucional y la pérdida de espacios aparentemente afianzados. Es recomendable hacer un ejercicio de amplitud y moderación conceptual y expositiva, tanto para concretar los puntos más álgidos que acaparan nuestra atención como para ensayar algunas respuestas parciales: las que a nuestro juicio podrían normalizar y estabilizar aquellas áreas sintomáticas que por el momento más nos inquietan, en previsión de tendencias regresivas o, en todo caso, plenas de incertidumbre y opacidad a veces indescifrable.
Nos preocupan serias interrogantes en torno a ciertos propósitos de la Reforma Constitucional. A estas alturas no admite duda que en el seno de la Comisión Presidencial hay fuerzas influyentes que proyectan restringir los derechos colectivos que la actual Constitución Bolivariana ofrece a los pueblos indígenas: morigerar en su alcance aquellas disposiciones que les favorecen en algún sentido, e incluso reducir a su mínima expresión cualquier planteamiento innovador que manejan los movimientos afrodescendientes en busca de su reconocimiento en la Carta Magna. No cometo ningún sacrilegio si le pongo nombre y apellido al revisionismo constitucional, ya que el talentoso y laureado escritor venezolano Luis Britto García, merecidamente célebre por otras razones, no sólo argumenta en dicha Comisión en contra de los derechos mencionados, sino que viene realizando intervenciones públicas y redactando artículos de revista donde expresa su postura en forma inequívoca (Britto García, 2006). Se trata inclusive de una matriz de opinión que no se reduce a su persona y que se viene esgrimiendo hace largos años; por lo cual en este espacio me restringiré a lo mínimo indispensable.
Britto no niega la validez de las luchas indígenas, pero sí cuestiona la relevancia actual de sus culturas. Además se concentra en un supuesto peligro de “secesionismo” –llamado más a menudo “separatismo”– que se originaría en la inclinación de algunas comunidades a desprenderse de la Soberanía Nacional y conformar estados minúsculos bien sea dentro o fuera del Estado venezolano. Nosotros hemos respondido públicamente a estos y otros señalamientos en forma clara y transparente, afincándonos en el hecho de que hasta la fecha los movimientos secesionistas en América Latina jamás han sido obra de indígenas o afrodescendientes sino más bien de clases y sectores blanco-mestizos, económica y políticamente bien acomodados por cierto. Es lo que se ve, por ejemplo, en países como Ecuador, Bolivia y hasta cierto punto México. Ahora, aun en el supuesto de que tales actores sociales instigasen o manipulasen a los indígenas en favor de sus ideas, se trataría de una hipótesis temeraria y sin fundamento, la cual no justificaría en modo alguno una actitud defensiva del Estado frente a los pueblos originarios: sería una postura persecutoria y paranoica. Por el contrario, no hay ecuatorianos más patriotas que los indios de la Sierra y Evo Morales gobierna a Bolivia en nombre de todo un pueblo, no solamente de los indígenas; los zapatistas no cesan de enfatizar su mexicanidad y los quechuas peruanos, ni hablar. Estirando el argumento hasta sus últimas implicaciones, podríamos agregar que la mejor, si no la única forma de alienar o desencantar a los indígenas respecto de un país como Venezuela sería discriminarlos regateándoles los derechos constitucionales que ya poseen, al menos en su expresión jurídica.
Pero hay algo mucho más importante que quisiera compartir con la opinión pública. Nuestro proceso político actual, la Revolución Bolivariana como se le llama mayoritariamente, nació precisamente con la vocación expresa de hacerle justicia a los pueblos originarios, diezmados y oprimidos, y a los afrodescendientes que sufrieron toda la violencia de la esclavitud. Era ésta la plataforma sobre la cual el nuevo Estado abordaría la solución integral de la problemática de todos los pobres, desposeídos y excluidos; partiendo de la base histórica de la conquista, la colonización y la república eurocéntrica, más allá de un conflicto reducible a una mera lucha de clases y sectores antagónicos. Ese pronunciamiento temprano que emana de la Constitución y de numerosos discursos del Presidente Chávez y sus colaboradores inmediatos, en favor de la revalorización y reivindicación totales de nuestros orígenes extraeuropeos aun por encima del mestizaje, ha significado una ruptura de paradigmas añejos y rutinarios. Tales novedades inyectaron un altísimo grado de frescura y originalidad a la Revolución Bolivariana, especialmente durante los primeros años. Este planteamiento políticamente novedoso e idealista en el mejor sentido hizo también muy buenas migas con el ecologismo y ambientalismo primigenios de este mismo proceso, plasmados en la Constitución del 99’ y detalladamente expuestos a raíz del primer florecimiento de los postulados indoamericanistas y afroamericanistas. Todo ello apuntalaba y reforzaba nuestra originalidad como país y sociedad de Suramérica y del Caribe (Mosonyi, 2006). Sigue ejerciendo hasta nuestros días una atracción y recogiendo adhesiones, no sólo en nuestro continente sino en todo el ámbito del Sur planetario, junto con sus aliados norteños que también los hay en abundancia. Estamos seguros de que un frenazo repentino a esta serie de innovaciones absolutamente creativas quitaría gran parte de la especificidad creadora de todo este modelo transformador que se resume en el nombre de la V República.
Procesos transformadores y revolucionarios que privilegiaban la lucha contra la pobreza, la opresión y exclusión de las mayorías, las deficiencias de la salud pública, el analfabetismo y el bajo nivel educativo de la población, los ha habido en cantidad con duración y resultados muy variables. También se ha enfatizado en multitud de casos la lucha contra los imperios de turno y el control sobre los recursos energéticos y de cualquier otra índole. Todo ello es importantísimo y nadie podría restarles pertinencia sin caer en graves contradicciones, falsedades y hasta mezquindades deplorables. Pero insistimos en que nuestra originalidad, atractivo y aporte propio, realmente inédito, estriba en el campo del reconocimiento de nuestra ubicación continental, geográfica e histórica, la intangibilidad de nuestros ecosistemas absolutamente necesarios para sostener el planeta Tierra, la importancia decisiva del pluralismo cultural y lingüístico, el papel protagónico de la diversidad y de la interculturalidad como factores movilizadores de la participación, a la vez una y múltiple, de todos los habitantes del país y por extensión de América Latina y el Caribe. Ahora bien, todo esto amenaza con desmoronarse en la medida en que algún cambio constitucional, en lugar de fomentar la tendencia hacia la eclosión de la sociodiversidad, diera marcha atrás en dirección a planteamientos ya superados y algo rancios, incluso en el marco de un proyecto socialista identificado como revolucionario. Insisto en que las partes de la Constitución favorables al pluralismo sociocultural sólo pueden y deben ser aumentadas y refinadas según nuestros conocimientos acumulados y experiencias de origen reciente. Todo intento regresivo sería antihistórico y constituiría un duro golpe para un proceso que se inició con la esperanza de superar las limitaciones y convencionalismos que de algún modo afectaron los socialismos reales –Unión Soviética, Europa Oriental, Norcorea, la misma Cuba– y acabaron con esfuerzos colectivos dignos del mejor éxito. Hoy se rumora que nuestra Constitución reformada será bastante más reticente en las materias indígenas y ambientales bajo escrutinio. Ojalá sea solamente eso, un temor provocado por contradicciones aún superables.
A veces resalta demasiado la sinceridad y nitidez con que uno trata de decir las cosas, pero me siento obligado a asumir tal desafío, guiado por una fuerte voluntad de orientar los destinos del país hacia unas metas que veo como justas y pertinentes. Es de conocimiento público que el comienzo de mi actuación a favor de profundos cambios estructurales y supraestructurales en nuestra sociedad datan desde mucho antes de los años 90’. Nunca me he sentido dueño de la verdad pero sí cuento con solvencia suficiente para hacer valer algunas ideas y propósitos que de algún modo encauzarían acciones futuras. Creo con sinceridad que estamos en la antesala de unas decisiones muy importantes que podrían definir nuestro proceso venezolano en el sentido de marcar realmente un hito innovador o más o menos reproducir modelos que pertenecen al pasado, sin quitarle méritos a ese espacio temporal. Apurando un poco las concreciones, considero –como se desprende de párrafos anteriores– que el tema indígena debe entrelazarse fuertemente con el tema ambiental. No ignoro que en variadas ocasiones ha habido quejas de algunas comunidades frente a lo restrictivo de la figura de “parque nacional” inclusive para las actividades tradicionales de subsistencia. Pero son contradicciones menores que siempre se pueden mitigar u obviar. Lo que no admite duda es la exigencia radical de los movimientos indígenas por el respeto a la integridad ambiental y ecológica de las tierras que ocupan. Por ejemplo, su lucha denodada contra la explotación del carbón en Perijá o su defensa entrañable de la cuenca del Caura. O el tesón con que los afrodescendientes defienden su pesca tradicional frente a los embates de la explotación gasífera y petrolera en la Península de Paria. Sería fácil multiplicar los ejemplos; incluso el Plan Estratégico Nacional coordinado por el CUFAN está repleto de preocupaciones ambientales de esta índole, lo que merece nuestra más cálida aprobación.
Seamos, además, sinceros. La humanidad está a punto de morir de sed, de perecer por falta de agua potable, bien evidente en muchos países, puesto que aún estamos lejos de explotar el agua salobre sin costos exorbitantes y los mismos océanos no son infinitos. Tanto las grandes transnacionales como el propio Senado Brasileño, guiados por distintos motivos, están ansiosos por sacrificar la Amazonía por intereses cortoplacistas. Nosotros, aquí en Venezuela, contamos todavía con muchas y grandes reservas de agua dulce que, bien administradas, también proporcionarán por tiempo indefinido la tan imprescindible energía hidroeléctrica, hoy amenazada por la minería legal e ilegal. Se sabe que dentro de poco –incluso desde ahora– las fuentes hídricas poseerán mayor valor a futuro que los mismos yacimientos petroleros y gasíferos, con todo lo importantísimo que es la cuestión energética. Aun con los trescientos o más años de reserva que garantice el subsuelo venezolano en materia de hidrocarburos, hay múltiples razones vitales para sostener la necesidad de pensar y proceder, a partir de hoy, para ir acabando con la petroadicción y buscar nosotros mismos nuevas fuentes de energía limpia e idónea para los siglos venideros.
En un contexto tan marcado por factores que limitan a la vez que enrumban nuestro actuar futuro, es especialmente preocupante el posible destino de la cuenca del Caura y del Sur del país en general, donde nos amenaza la anarquía minera, la voracidad empresarial, pero también la persistencia de proyectos ultradesarrollistas a gran escala, con su cuota de poblamiento masivo, creación de grandes ciudades y erección de obras faraónicas en medio de ecosistemas sumamente vulnerables. Sin entrar ahora en detalles, las culturas indígenas amazónicas y periamazónicas han logrado evitar hasta el presente que todo esto sucediera, por lo que es de extrema urgencia para el país y para la humanidad darles el mayor reconocimiento a la vez que los instrumentos y recursos necesarios para continuar siendo lo que son en esencia: microsociedades ambientalmente sustentables y, al mismo tiempo, portadoras de una amplísima gama de diversidad cultural y lingüística (Bracho, 2006). No nos cansaremos de reiterar estos hechos en todos los escenarios, habida cuenta de la incomprensión bastante generalizada que persiste al respecto en todos los escenarios.
Por desgracia, aún debemos hablar en nuestro país de espacios insuficientemente controlados por las instituciones del Estado, mas no de espacios vacíos como pretende la vieja geopolítica que hoy día debería transmutarse en ecopolítica. Si no comprendemos esa necesidad, seguiremos con nuestro desprecio secular hacia los pueblos y comunidades indígenas, que por razones históricas y guiadas por su sabiduría ancestral no ocupan intensivamente los grandes territorios ecológicamente vulnerables, donde se vienen moviendo hace siglos y milenios. Tampoco se le haría justicia a la inefable biodiversidad, representada todavía por multitud de especies biológicas hoy amenazadas en su casi totalidad. Similarmente, no se garantizaría el suministro continuado y transgeneracional de agua potable y aire respirable, el equilibrio climático y ambiental en general. La geopolítica tradicional sigue preocupándose fundamentalmente por los intereses territoriales y macroeconómicos –hegemónicos o defensivos– de los estados constituidos en bloques de poder, haciendo caso omiso o prestando poca atención a los aspectos sociales y culturales o, peor todavía, a la diversidad social y cultural, junto a la biodiversidad y la problemática per se de la habitabilidad del planeta. Pensamos que una visión cada vez más ecopolítica bien podría transgredir un reduccionismo tan limitante y proclive al suicidio colectivo, tantas veces vaticinado. La Declaración de Johannesburgo (2002) constituye la puerta de entrada hacia estas consideraciones.
Otro punto que de ningún modo debemos soslayar es el hecho obvio y verídico de que los pueblos indígenas actuales de Venezuela y del mundo –hoy incluidos en la mayoría de las constituciones así como en la legislación internacional– no necesitan una política de redención ni redentores, en la línea del asimilacionismo postcolonial e incluso del típico indigenismo integracionista del siglo XX. Es especialmente importante recalcar esa realidad, por cuanto seguimos oyendo a diario frases como éstas, en todos los ambientes sociopolíticos de distinta jerarquía: “la revolución tiene que hacer algo por nuestros hermanos indígenas, tan excluidos y abandonados”; “ellos todavía están en la edad de piedra”; “hay que trasladar todas las estructuras del Estado al medio indígena”; “ellos necesitan la cultura y el desarrollo igual que todos nosotros”; “hacen falta muchos, muchísimos voluntarios que tengan la iniciativa de compartir sus conocimientos y recursos con los hermanos indígenas, allá en lo más profundo de la selva, en sus remotas e incipientes comunidades, donde sobreviven en condiciones infrahumanas”.
Podríamos proseguir al infinito citando clichés, pero lo que me interesa destacar ahorita es que se trata de estereotipos que no se pierden ni se debilitan con una o mil revoluciones, a menos que entre todos acometamos la gigantesca tarea de activar, en forma definitiva, un radical cambio de paradigmas, instaurar una mentalidad y un conjunto de actitudes totalmente favorables a la biodiversidad y a la sociodiversidad, quizás comenzando por lo que tenemos más a la mano, si fuerzas oscuras no se apresuran en modificarlo: la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Volviendo, pues, al problema de creernos redentores, es importantísimo comprender que los indígenas –por razones históricas y coyunturales ya muy conocidas y perfectamente diagnosticadas– atraviesan en todas partes por una problemática constituida por múltiples factores. Ésta, indudablemente, deberá ser resuelta con plena participación y apoyo del Estado y de la sociedad nacional en su conjunto, pero respetando rigurosamente la especificidad y voluntad colectiva autogestionaria de todos estos pueblos y comunidades. El indígena actual es cada día más orgulloso de serlo, se siente enraizado en su identidad como nunca antes, y por nada en el mundo está dispuesto a renunciar a su personalidad colectiva y a los códigos socioculturales propios que lo seguirán guiando por los siglos venideros.
Ya para redondear estas consideraciones que hemos querido presentar en la forma más concisa y comprensible, trataremos de finalizar este ensayo con un conjunto de breves conclusiones-recomendaciones con el fin de hacer viable y practicable, a corto y mediano plazo, los presentes planteamientos y otras ideas análogas o complementarias.
A) Sin ánimo reduccionista o voluntad de imponer soluciones, he aquí la presentación resumida de mis propias conclusiones a partir de los temas discutidos.
Las instituciones oficiales, tanto militares como civiles, deberán centrar su atención en no tratar de redimir o transfigurar a las comunidades y culturas indígenas mediante actos como instalarse en forma masiva y prolongada en su espacio comunal privado, llevar propuestas inconsultas y previamente elaboradas pasando por encima de las instancias decisorias endógenas. Por el contrario, su presencia debe ser discreta, de carácter puntual, concertada y articulada con las necesidades y preferencias expresadas por los indígenas
Se deberán agotar todos los recursos y mecanismos, dedicándoles el tiempo necesario, para lograr decisiones y ejecutar políticas consensuadas con las comunidades indígenas, en las que éstas tengan la participación protagónica que les ofrece la Constitución Bolivariana.
En las obras de infraestructura y otras iniciativas interventoras que fueren necesarias para la defensa y soberanía del país, habrá que tener el cuidado máximo de no dañar las fuentes hídricas ni afectar de manera significativa e irreversible los ecosistemas y zonas de mayor vulnerabilidad.
Según las opiniones más autorizadas, especialmente las emanadas de las organizaciones indígenas y de acuerdo con los indicadores que hemos revisado, la tarea prioritaria del Estado es ahora concluir con rapidez y precisión la demarcación y adjudicación de las tierras indígenas, a partir de las autodemarcaciones que las comunidades vienen realizando desde tiempo atrás. Sin cumplir este requisito, es imposible crear y llevar adelante una verdadera política indígena en Venezuela o cualquier otro país del mundo.
En la coyuntura actual es de fundamental importancia respaldar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, incluso profundizarlos, actualizarlos y explicitarlos en las actuales jornadas de reforma constitucional; mas nunca permitir que se produzca una regresión o deterioro de los mismos. Igualmente se deberán incluir en la nueva versión de la Constitución Bolivariana las aspiraciones de los afrodescendientes que apuntan en la misma dirección. Recuérdese que el ignorar o subestimar los derechos colectivos derivados de la sociodiversidad es una forma de discriminación racial.
Es necesario reforzar y actualizar nuestras políticas atinentes a la Educación Intercultural Bilingüe y a la promoción de las culturas e idiomas indígenas; muy especialmente ahora, a raíz de la salida de las Misiones Nuevas Tribus, cuando se corre el peligro de cubrir las necesidades educativas de las comunidades indígenas del Sur de Venezuela con un personal profesionalmente capacitado pero desconocedor de las especificidades socioculturales y autogestionarias de los venezolanos originarios. Téngase presente que la Constitución Bolivariana nos define como sociedad multiétnica y pluricultural; oficializa los idiomas indígenas, a la vez que los considera patrimonio de la nación y de la humanidad.
7) Se deben profundizar y perfeccionar nuestras políticas interculturales de salud en todas las zonas indígenas, con atención especial a la problemática sociosanitaria que aún persiste en las comunidades indígenas del Sur del país, sin dejar de reconocer los esfuerzos institucionales y sus logros ya alcanzados.
8) No es suficiente respetar y tolerar la presencia de pueblos y comunidades indígenas con toda su gama de diversidad lingüística y cultural. Es imperativo brindar un espacio cada vez mayor al despliegue transgeneracional de la creatividad endógena, a fin de lograr una interculturalidad pluridimensional y recíproca, donde cada participante se esmere en enriquecerse aprendiendo de los demás interlocutores antes que pretender suministrarles enseñanzas y recetas para el cambio en forma impositiva y unilateral. Estamos seguros de que en este momento histórico los pueblos indígenas tienen más y mejores elementos que ofrecerles a los pueblos occidentalizados, que estos últimos a los indígenas; en vísperas de nuestra agonía planetaria que ya todos percibimos aun tratando de restarle importancia.
B)Para complementar estas conclusiones devenidas en recomendaciones, trataré de referirme en forma somera a las restricciones ya existentes de acceso a las zonas indígenas, a las que yo agregaría las ecológicamente vulnerables que merecen igual protección. Seguramente tales limitaciones de circular por el territorio nacional podrán mitigarse con el tiempo, en la medida en que se vayan solventando los problemas que las originan y que, hoy por hoy, las hacen necesarias y hasta inevitables. Caracterizaremos esta situación a través de los tipos de actores sociales que suelen frecuentar estas tierras sin ser nativos de las mismas.
1) El personal civil y militar destacado en dichas zonas por un conjunto de razones de orden institucional, ahora con atención muy especial a la salvaguarda de estos espacios frente a fenómenos deletéreos como la penetración minera indiscriminada, la ocupación ilegal de zonas de alta sensibilidad por la incursión masiva de migrantes y colonos venezolanos y extranjeros, de cuya presencia hasta hoy incontrolada derivan serios problemas para la seguridad y defensa del país; con toda su secuela de violencia, corrupción, sobreexplotación, contaminación y destrucción cada vez más irreversible. Respecto de ese personal cabe decir que su presencia es obviamente necesaria, pero que al propio tiempo tendrá que someterse a la legislación indígena y ambiental vigente, cuya reglamentación también reviste una urgencia cónsona con los diagnósticos más autorizados.
2) El personal adscrito a las misiones religiosas, así como a las misiones gubernamentales y otros grupos de trabajo procedentes de diferentes instituciones y entidades que operan en el país. Su presencia, el número de sus integrantes y sus operaciones en el terreno tendrán que regirse por la legalidad vigente, actualizada por una reglamentación apropiada y según los diagnósticos de mayor calidad y credibilidad y en consenso con las comunidades indígenas.
3) Científicos e investigadores individuales o trabajando en equipo. En principio resulta contraproducente la prohibición o limitación excesiva de las actividades de esta índole, ya que ello conduciría a cierto oscurantismo y culto a la ignorancia que ningún ser humano sensato podría desear. No obstante, los investigadores debidamente acreditados y los equipos de trabajo que los acompañan, tanto venezolanos como extranjeros, deberán llenar una serie de requisitos ya parcialmente conocidos y aplicados, como solicitar el permiso correspondiente tanto de las autoridades nacionales competentes como de las comunidades donde realizarán su trabajo; tratar a los miembros de las comunidades indígenas como colaboradores de cada estudio y convertirlos en los primeros beneficiarios del mismo; complementar los proyectos de investigación institucional con el acervo etnocientífico de las comunidades receptoras, a base de la discusión abierta y transparente de las premisas que presuntamente hacen necesaria la intervención académica; abstenerse de cualquier manipulación antiética o colaboración con entes nacionales o transnacionales cuyos intereses pudieran ser perjudiciales para las comunidades y para la nación. Aun sin ampliar la lista, pienso que con lo dicho vamos por buen camino.
4) Diferentes clases de turistas nacionales y extranjeros, cuya situación debe considerarse en atención a las especificidades que presente cada caso. En términos generales, el turismo de lujo, el de aventuras y otros similares sólo benefician a las compañías promotoras y a los dueños de las instalaciones, al supeditar la población local a sus intereses y dañar el ambiente de distintas maneras. Por otra parte existen otras variantes, mucho más útiles y hasta pedidas por las comunidades, como el turismo cultural, social, infantil-juvenil y otros análogos; siempre y cuando conlleven la participación protagónica e incluso beneficios de diversa índole para las comunidades indígenas, las cuales se constituirían en guardianes insobornables del respeto hacia sus culturas y de la integridad del ambiente.
5) Otros viajeros, entre los cuales encontramos promotores y representantes de empresas económicamente rentables, candidatos a ocupar tierras y adquirir propiedades, simples visitantes individuales y hasta aventureros de dudosas intenciones, incluyendo a personas y grupos interesados en la explotación de los recursos naturales: tal es el conglomerado humano cuyo ingreso y permanencia requieren mayor cuidado y circunspección, especialmente en lo que a la permisología se refiere. Como humanos, nos duele tener que cerrar a veces las puertas de acceso a toda la hermosura y exuberancia que representa el Sur venezolano para propios y extraños. Pero ante la gravedad de los hechos acaecidos y el peligro que se cierne sobre nuestra integridad territorial, sobre las poblaciones indígenas y criollas allí asentadas, sus bienes y sus culturas, tenemos que asumir en la presente coyuntura la tarea de ejercer una sobria pero eficiente vigilancia: asegurando así los supremos intereses, ya no solamente de nuestro país como tal, sino del género humano en su totalidad, enmarcado en un orden planetario amenazado por su inminente aniquilamiento.
Referencias bibliográficas
Bracho, Frank. 2006. “La felicidad como centro de la sabiduría indígena ancestral. Visión y agenda para un mundo nuevo”. Ponencia presentada en el I Foro Social Internacional Sobre Sabidurías Ancestrales. Cochabamba, Bolivia, 12 al 15 de octubre.
Britto García, Luis. 2007. “Indígenas, identidad y resistencia”. A plena Voz. Nº 29, marzo. 6-11.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5453 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.
UNESCO. 2002. Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible.
Ministerio del P.P. para la Salud, Ministerio del P.P. para la Defensa. 2007. Jornadas de Reflexión sobre la salida del Grupo Extranjero “Misión Nuevas Tribus”. Colonia Tovar, Edo. Aragua, 20 al 23 de junio.
Mosonyi, Esteban Emilio. 2006. Reflexiones críticas en torno al Caribe. Caracas. Ministerio de Educación y Deportes.
